El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente, advirtió este martes la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su informe.
Los investigadores encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicaron que las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”, dijo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
El informe examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.
Deterioro del Estado de derecho
La Misión indicó que, en el período previo a las elecciones presidenciales, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas.
Entre ellas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo en julio, el organismo documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición.
Tras los comicios del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró ganador a Nicolas Maduro y cuyo anuncio generó protestas en todo el país, se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”, señaló la Misión.
A este respecto, el grupo de expertos señaló que las autoridades “han abandonado toda apariencia de independencia” y, en la práctica, “muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”.
Víctimas mortales y detenidos
En declaraciones a los periodistas en Ginebra, Valiñas insistió en que sus últimas conclusiones eran “abrumadoras: no sólo no ha habido mejoras, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes”, añadiendo que han documentado 25 víctimas mortales tras las elecciones.
La mayoría eran “jóvenes menores de 30 años de barrios populares. Hay dos niños entre ellos”, dijo. Uno de los fallecidos era miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, señaló Valiñas, añadiendo que 24 “murieron por heridas de bala [y] el otro fue golpeado hasta la muerte”.
Según cifras de las propias autoridades, más de 2000 personas fueron detenidas en la primera semana de protestas.
Estos individuos, incluidos 130 niños y 28 niñas, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
“Documentamos más de 40 casos en los que las fuerzas de seguridad entraron en domicilios particulares sin orden judicial, limitándose a utilizar vídeos de las redes sociales como única prueba para detener a personas que pensaban que habían participado en protestas o que habían expresado críticas en las redes sociales”, explicó Francisco Cox Vial, miembro de la Misión.
“De las personas detenidas en este periodo, muchas fueron sometidas a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a violencia sexual, que se perpetró contra mujeres y niñas, pero también contra hombres, con informes de descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzosa del sueño”, afirmó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión de investigación.
“Hemos podido comprobar que al menos 143 de estas detenciones afectaron a miembros de siete partidos de la oposición, incluidos 66 dirigentes de movimientos políticos”, añadió Tappatá.
Sistema de justicia, subordinado al ejecutivo
La Misión indicó que las detenciones fueron seguidas por “graves violaciones del debido proceso”, alcanzando niveles “sin precedentes” en el país.
Además, el grupo de expertos reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, “está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”.
«Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso», dijo al respecto Francisco Cox, añadiendo que ya habían advertido que el Gobierno “podría activar su aparato represivo a voluntad”.
La Misión destacó que, como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de “un baño de sangre” si no lograban la victoria.
“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”, concluyó el organismo.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024.
Con información de agencias
Foto de captura de pantalla
