Edgar Ávila Pérez
En su departamento de Ciudad de México, donde cumple prisión domiciliaria, la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales, revisa con su abogado las 24.000 fojas de su expediente judicial por tres delitos.
Gordillo, de 70 años y aliada política de presidentes hasta que fue encarcelada, ha sido declarada inocente en dos casos de fraude fiscal, pero tiene juicios abiertos por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), uno de los más grandes de América Latina con 1,5 millones de afiliados, «la maestra», como la llaman, está acusada de desviar 2.600 millones de pesos (unos 204 millones de dólares) de fondos sindicales.
Durante su juicio, su defensa ha presentado más de 50 recursos, cuatro quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y cerca de 30 amparos, para defender su inocencia, su derecho a ser visitada y para tener acceso a los medios de comunicación.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) solicitó restricciones en estos puntos al argumentar que con «el uso desmedido de los medios de comunicación que tiene a su alcance, evidentemente podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado Mexicano».
En desgracia desde que fue detenida en febrero de 2013, Gordillo pasó cuatro años encerrada en prisión y en un hospital de Ciudad de México hasta que se le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud y edad, al superar los 70 años.
Su defensa informó que este lunes 21 de mayo acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que Gordillo es una presa política porque algunos jueces que llevan su caso estarían vinculados al gobierno de Peña Nieto.
Gordillo dirigió el SNTE, «posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral», advirtió la PGR cuando la llevó a juicio.
Entonces era conocida su oposición a la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.
Gordillo estuvo presa en el Centro Femenino de Readaptación Social «Tepepan» de febrero del 2013 a noviembre del 2015, después fue ingresada en varios hospitales por cuestiones de salud hasta el 15 de diciembre del 2017, cuando fue enviada a prisión domiciliaria.
En su departamento, Gordillo usa ropa cómoda y gran parte de su tiempo lo ocupa para atender a sus 6 nietos y dos bisnietos, ve los noticieros de televisión, lee medios de comunicación impresos, recibe visitas y opina sobre la actualidad política.
El candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si gana los comicios cancelará la reforma educativa y en sus mítines son habituales personas cercanas a Gordillo.
Entre las irregularidades que denuncia en su juicio, la defensa resalta el hecho de que en tan sólo 7 días las autoridades hicieron una investigación por lavado de dinero y comprobaron su «compleja» red de delincuencia organizada.
La defensa de Gordillo ha interpuesto más de 50 recursos; cuatro quejas al Consejo de la Judicatura Federal exponiendo todas las anomalías y una denuncia penal contra los jueces Alejandro Caballero Vértiz y Jorge Alberto Bernal Reyes, por los delitos en contra de la administración de justicia.
Su abogado Marco Del Toro anunció que presentará una queja ante la CIDH por lo que consideró «graves violaciones a los derechos fundamentales de la maestra que la convierten en presa política».
«Aportaré evidencia y datos duros que acreditan esta persecución y la forma en que la han orquestado autoridades gubernamentales mexicanas», dijo. EFE
