José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, afirmó que los derechos de las audiencias garantizan a las personas usuarias de radio y televisión el acceso a contenidos de calidad e información veraz, oportuna y objetiva, sin limitar la libertad de expresión.
Durante la segunda emisión de “Derecho de Réplica”, espacio semanal transmitido por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM), explicó que estos derechos establecen garantías para las personas frente a los concesionarios de medios de comunicación.
El funcionario agregó que el derecho de réplica permite a cualquier persona física o moral aclarar o corregir información falsa, inexacta o que le cause algún perjuicio.
Ambos derechos, señaló García Parra, están sustentados en el artículo sexto de la Constitución y cuentan con antecedentes en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.
El coordinador de Gabinete indicó que en 2017 se impulsó una contrarreforma que buscaba eliminar derechos y mecanismos para garantizar su cumplimiento, asunto en el cual también intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En contraste, expuso que la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, impulsada en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recupera y fortalece los derechos de las audiencias.
La normativa, añadió, establece un plazo de un año para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emita los lineamientos correspondientes.
Ante los señalamientos sobre una supuesta “Ley Censura”, García Parra sostuvo que no existe ninguna disposición para cerrar estaciones de radio o televisión por difundir opiniones contrarias al Gobierno.
Explicó que las sanciones contemplan tres supuestos: incumplir el código de ética, no informar quién es la persona defensora de las audiencias y desatender las quejas de las personas usuarias.
Precisó que los lineamientos no se aplicarán a las redes sociales ni a la prensa escrita, sino únicamente a la radio y la televisión, y tampoco prohibirán las opiniones de conductoras, conductores o comentaristas.
Las disposiciones, puntualizó, buscan distinguir la información confirmada de las opiniones para evitar que datos falsos sean presentados como hechos.
Entre los derechos incluidos en el nuevo marco se encuentran recibir información veraz, oportuna y objetiva; acceder a contenidos respetuosos de los derechos humanos; conocer el código de ética de cada estación, y contar con una persona defensora de las audiencias ante quien puedan presentarse quejas.
García Parra señaló que estas medidas tienen referentes internacionales, pues la Unión Europea cuenta con reglas para distinguir la publicidad del contenido editorial; Argentina tiene una Defensoría del Público; Brasil reconoce el derecho de respuesta, y Canadá establece una separación entre la opinión editorial y la información noticiosa.
“Informar con veracidad no es prohibir opiniones; es evitar que un video o dato falso se difunda como si estuviera confirmado”, explicó José Luis García Parra.
El funcionario aseguró que, durante la última semana, la narrativa que acusa al Gobierno de la Cuarta Transformación de promover una supuesta “Ley Censura” registró mil 107 menciones de 610 autores distintos y alcanzó 954 mil reacciones.
También recordó que en 2012, durante un gobierno estatal emanado del PAN, se promovió en Puebla un decreto conocido como “Ley Mordaza”, el cual facultaba a la Dirección de Comunicación Social para presentar recursos legales contra periodistas en nombre del Ejecutivo.
Durante ese periodo, afirmó, se interpusieron dos denuncias contra reporteros y se permitió que terceras personas implicadas promovieran acciones legales, hechos que calificó como un antecedente de censura y presión contra periodistas y medios de comunicación.
García Parra informó que la elaboración de los lineamientos permanece abierta a la participación ciudadana mediante una consulta pública que concluirá el 21 de agosto a las 23:59 horas.
Por ello, invitó a periodistas, representantes de medios de comunicación, especialistas y ciudadanía a conocer la propuesta y presentar sus opiniones mediante el portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Finalmente, explicó que el SICOM transformó su operación como organismo público descentralizado para ampliar su cobertura y fortalecer la atención directa a la población mediante sus oficinas en las microrregiones.
Agregó que la siguiente etapa contempla designar a la persona defensora de las audiencias, presentar una propuesta para contribuir a la elaboración de los lineamientos y promover la consulta pública desde sus estaciones y sedes regionales.
