Erick Becerra
Las consecuencias del COVID-19 han sido desastrosas para las empresas de México y Puebla, pero también el sector público se vio afectado y a su vez impactará de vuelta a los ciudadanos.
Me explico: al corte de octubre pasado, el Ayuntamiento de Puebla había perdido 500 millones de pesos de ingresos propios y participaciones.
Platiqué el jueves pasado con el tesorero municipal, Armando Morales, quien me explicó la complejidad que vive la recaudación derivada de:
A) La inactividad económica que paralizó los sectores comercial, de servicios y la industria de la construcción, con lo cual se dejaron de tramitar licencias de funcionamiento, uso de suelo y construcción.
B) El simple hecho de la reducción de la movilidad social, principalmente en marzo y abril, implicó una disminución de vehículos en la calle que violaran el reglamento de tránsito, lo cual movió el número de multas que se aplicaron, con su consecuente caída en el cobro de las mismas.
Esta situación la informó el tesorero ante la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Cabildo poblano.
Frente a esta nueva realidad, la Tesorería Municipal lanzó el programa especial de recaudación de fin de año, con lo que ofrece condonaciones equivalentes al 100% de multas y 60% de recargos hasta el 31 de diciembre, y además de la rifa desde 5 mil y hasta 100 mil pesos, eliminando del sorteo vehículos automotores, pensando que los ciudadanos necesitan más liquidez en estos momentos.
Para que el contribuyente pueda pagar el predial 2021 habilitaron mil puntos de cobro, incluido el Edificio Empresarial, además de que el paquete de estímulos fiscales ha sido bueno porque mejoró la recaudación.
Tan solo el primer día del programa ingresaron 1.6 millones de pesos, pese a ser día inhábil.
Desde los corrillos:
Hay una franca rebelión contra la directora del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, Itzelt Romero Morales, de parte de diversas organizaciones de poblanos en Estados Unidos.
Las acusaciones van desde malos tratos, indiferencia y otras más graves que tienen que ver con mal uso de los recursos públicos.
Las acusaciones las precisan las organizaciones en cartas enviadas al Ejecutivo.
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