Amnistía Internacional denunció el repunte de las detenciones arbitrarias para reprimir a la disidencia en Venezuela. En su más reciente informe, indicó que, ‘en los últimos días, personas involucradas en focos de protesta social, pueblos indígenas y otras personas han sido sometidas a violaciones de derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias para silenciar y reprimir a contrarios al gobierno de Nicolás Maduro’.
El documento de la ONG’s destaca que el uso de esta táctica represiva debe encender las alarmas de la comunidad internacional y aumentar el escrutinio y la rendición de cuentas.
Detenciones arbitrarias
Las organizaciones de sociedad civil venezolanas estiman que alrededor de 300 personas se hallan detenidas por motivos políticos en la actualidad en Venezuela.
Estas mismas organizaciones contabilizan miles de casos de personas que han sido transitoriamente detenidas pero que ahora cuentan en su contra con medidas de restricción de su libertad, sin estar propiamente bajo la custodia de las autoridades venezolanas. Es decir, tienen prohibición de salida del país, o medidas de presentación periódicas ante los tribunales.
Según cifras del Foro Penal, en Venezuela se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos desde 2014.
Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela también han cumplido el objetivo de silenciar a quienes denuncian irregularidades, injusticias y corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esta táctica pretende acallar a quienes alcen su voz para señalar los abusos y las arbitrariedades del gobierno.
Este tipo de detenciones se han documentado en torno a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y personas defensoras de derechos humanos -como el director de FundaRedes Javier Tarazona o contra cualquier persona que denuncie actuaciones gubernamentales.
Las organizaciones también han documentado y denunciado el uso de la tortura en el marco de estas detenciones arbitrarias por motivos políticos. Tal es el caso de Emirlendris Benítez, una mujer que se encuentra privada de libertad de manera arbitraria desde agosto de 2018, y que habría sido sometida a tortura lo que además ha dejado importantes secuelas en su salud.
Represión de la protesta social
Como parte de esta práctica, las autoridades venezolanas suelen utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan.
En la actualidad la mayoría de las protestas (88% de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) son aquellas que reivindican derechos económicos, sociales y culturales, tales como nivel de vida digna y salarios de personas empleadas por el Estado, vivienda, servicios básicos – como servicio eléctrico y acceso a agua potable, y pensión para personas adultas mayores, entre otras.
Por lo anterior, el emplear detenciones arbitrarias como táctica también ha tenido como función el amedrentamiento de comunidades enteras con el objetivo de silenciar reclamos y mantener un orden social en el que las autoridades puedan actuar con impunidad.
Este patrón represivo se ha podido observar, en especial, en casos de pueblos indígenas, que, por su forma de vida, forma de organización o de ejercicio de la autodeterminación, son percibidos como obstáculos para las actuaciones legítimas o ilegítimas de las autoridades estatales.
Ejemplo de ello fue la masacre de Kumarakapay en el estado Bolívar en 2019 que culminó con la muerte de siete personas por parte de presuntos funcionarios del Ejército y la detención de más de 50 personas, así como el desplazamiento forzado de decenas de personas hacia Boa Vista, en Brasil.
Recomendaciones de Amnistía
En los últimos meses y tras intentos de la normalización de relaciones diplomáticas en la región por parte de algunos estados con el gobierno de Nicolás Maduro, Amnistía Internacional enfatiza que persisten los mecanismos y métodos utilizados para reprimir a las personas que opinan diferente a las autoridades, o que se interponen ante los abusos de dicha autoridad.
En este sentido, la organización mantiene y recuerda a la comunidad internacional la urgente necesidad de que existan mecanismos de rendición de cuentas, imparciales e independientes, que procuren el fin de la impunidad de estos hechos y de otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, como único mecanismo para apuntar hacia la no repetición de estos hechos.
Recomienda a la comunidad internacional:
- Respaldar la actuación de la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos (MIIDH) de la Organización de las Naciones Unidas.
- Solicitar al gobierno de Nicolás Maduro permita la entrada de la MIIDH para que lleven a cabo el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, y se extienda una invitación y/o acepten las solicitudes dirigidasa que mandatos de relatorías de procedimientos especiales y órganos de tratados de las Naciones Unidas puedan visitar el país.
- Exigir que el gobierno de Nicolás Maduro cese de manera inmediata el uso de las detenciones arbitrarias para reprimir a la población y ponga en libertad a todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas: Emirlendris Benítez, Guillermo Zárraga, Javier Tarazona, Leandro Azócar, Daniel Romero, Zenaida Romero, Alfonso Romero y Francisco (Francisquito) Romero, entre otras.
- Que activen mecanismos de jurisdicción universal para investigar y, en su caso, juzgar a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad.
A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional:
- Que se reanude prontamente la investigación denominada Venezuela I y se incluyan los hechos descritos en esta declaración como parte de la misma.
Con información de Agencias
Foto: Twitter
